Miles, contra la reforma laboral; exigen renuncia de Javier Lozano

Patricia Muñoz y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Domingo 2 de mayo de 2010, p. 5





En la marcha del Día del Trabajo del primero de mayo de 2010, los sindicatos independientes del país señalaron al gobierno de Felipe Calderón como uno de los "tres peores" en toda la historia del país, equivalente a los de Antonio López de Santa Anna y Victoriano Huerta; manifestaron el rechazo unánime a la reforma laboral del PAN; condenaron el empobrecimiento masivo de los trabajadores mexicanos y votaron a mano alzada por la "salida inmediata" del titular de la secretaría del ramo, Javier Lozano Alarcón.

La movilización estuvo caracterizada por la ocupación de la plancha capitalina de los 72 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en huelga de hambre; por el repudio unánime a la política laboral del gobierno, el cual decenas de organizaciones sindicales mostraron en mantas, carteles y playeras, así como por la ausencia de uno de los contingentes más combativos en este tipo de conmemoración: el del Seguro Social.

Entre las organizaciones imperó también la condena a la ley antimigrante de Arizona, incluso hubo un llamado a realizar un boicot a las empresas estadunidenses y se criticó la pasividad de Calderón y de su canciller por "estar a la espera" de lo que decida el gobierno de Estados Unidos respecto de su reforma migratoria, cuando debería ser un asunto de negociación bilateral.

La critica al gobierno de Calderón rebasó el ámbito local. Organizaciones extranjeras del Tribunal Internacional de Libertad Sindical condenaron la política sistemática del Estado mexicano para coartar la libertad de sindicatos, y señalaron que las autoridades del sector son "parte de una red de corrupción con empresarios".

A nombre del jurado, Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, llamó al gobierno de México a "no utilizar al Ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea... de lo contrario, utilizaremos todos los recursos e instituciones a nuestro alcance para que los crímenes que se puedan cometer no gocen de impunidad alguna".

Con monigotes del presidente Felipe Calderón vestido de militar; figuras de mujer que representaban a la justicia vencida y tirada en el piso; mantas denostando la actuación del secretario Lozano; carteles del SME que decían "sigo vivo"; la entrega del "premio a la sangre" al dueño de Grupo México por tener las minas más inseguras de México, los manifestantes conmemoraron este día, bajo un inclemente sol que deshidrató a varios participantes, incluso hubo desmayados.

Los mayores contingentes fueron los de los sindicatos de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), telefonistas y tranviarios; también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo una amplia representación y marcharon junto a los del SME, los mineros, pilotos, integrantes de los gremios de industria nuclear, Bellas Artes, Chapingo, ferrocarrileros, del Colegio de México y Posgraduados, de la Universidad Iberoamericana, Nacional Financiera, Metro, Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Mexicano del Petróleo, así como a personalidades como el sacerdote Miguel Concha, entre otros.

Ante una plaza ocupada en su totalidad, tomaron la palabra entre otros los secretarios generales del STUNAM y del SME. El primero, Agustín Rodríguez, además de hacer un recuento de todas las afectaciones a los derechos laborales que contiene la reforma en el ramo presentada por el PAN, llamó a construir un frente amplio sindical y unitario para transformar la política económica de este país y que los trabajadores tengan una ruta crítica de acciones enérgicas más allá de los mitines y las marchas.

El líder electricista Martín Esparza, a su vez, fue quien pidió a todos los trabajadores asistentes que votaran por la salida y el "desafuero" de Lozano, y el Zócalo en pleno levantó la mano aprobando la moción. Fue quien comparó este gobierno con el de López de Santa Anna y el de Huerta. En su primera marcha del primero de mayo tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el dirigente criticó el cerco informativo que tienen las televisoras y varios medios de comunicación a la huelga de hambre de los electricistas, mientras destinaron horas al caso del huelguista Guillermo Fariñas, en Cuba.

Por la CNTE, el líder de la sección 9 del Distrito Federal, Francisco Bravo, quien señaló que todas las organizaciones democráticas del magisterio reprueban la reforma laboral y dijo que sólo personajes como Elba Esther Gordillo pueden apoyar esta iniciativa porque le deben favores al régimen, el cual la ha entregado 80 mil millones de pesos, para "programas culturales y de vivienda" que no existen.

Del sindicato minero, Sergio Beltrán Reyes, secretario del interior, calificó de "esclavista" la reforma del PAN; dijo que ya llegó el momento de frenar el desastre de la política antilaboral del régimen de Calderón.

Quien habló del caso Arizona fue José Luis Andrade, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), al reclamar al gobierno de Calderón el inmediato establecimiento de una mesa de diálogo con Estados Unidos que resuelva el problema migratorio. En el mismo tono, Elvira Arellano, representante de migrantes, criticó que el Presidente "se ha quedado callado" ante este agravio y llamó a un boicot contra las empresas de Estados Unidos que operan en México.

El secretario adjunto del sindicato de telefonistas, Jorge Magaña, señaló que la de ayer fue una de las conmemoraciones "más difíciles y dolorosas del Día del Trabajo, pues en un año se ha registrado una escalada de agresiones en contra de agrupaciones democráticas e independientes".

La Jornada: Senadores encaran a Javier Lozano por violar los derechos laborales

La Jornada: Senadores encaran a Javier Lozano por violar los derechos laborales

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Periódico La Jornada
Jueves 4 de marzo de 2010, p. 15
Entre críticas y cuestionamientos de senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes expresaron preocupación por la violación de derechos laborales en que incurre el gobierno federal, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aseguraron que se ha actuado de manera legal en el conflicto laboral de Cananea y que, luego de la reciente resolución judicial, la empresa Minera México está en su derecho de recuperar las instalaciones.

Al comparecer ante la comisión especial del Senado que da seguimiento a la huelga en Cananea, el más cuestionado fue el titular de la Secretaría del Trabajo, sobre todo por su afirmación de que la huelga de Cananea fue un instrumento de chantaje del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusó de pedir 100 millones de dólares como una de las condiciones para levantar el movimiento, lo que impidió, dijo, todo intento de conciliación.

Lozano reconoció que para decretar la terminación de relaciones laborales en Cananea –después de tres años de huelga– y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se acudió a la misma figura de causas de fuerza mayor.

Ricardo Monreal y el diputado del PRI Miguel Ernesto Pompa señalaron, en intervenciones por separado, que “el subconsciente “ traicionó al funcionario al declarar que siguieron la misma estrategia con los mineros de Cananea y con el SME.

Ofensiva contra los sindicados no afines al régimen

Los senadores perredistas Tomás Torres, Arturo Núñez y Jesús Garibay, así como el petista Ricardo Monreal y el priísta Fidel Pacheco, expresaron su preocupación por la actuación parcial de las autoridades laborales en el caso de Cananea y por el riesgo de que se haya encontrado el camino para acabar con sindicatos que no son afines al régimen y de liquidar de tajo el derecho de huelga.

Lozano Alarcón se confrontó directamente con los senadores Torres y Monreal, quienes le exigieron hablar con claridad y le señalaron contradicciones en su intervención. El petista le dijo que su lenguaje encierra un profundo sentimiento fascista, lo llamó el sepulturero del derecho de huelga y le exigió aclarar en qué momento Gómez Urrutia le pidió 100 millones de dólares.

El titular de la STPS debió aclarar que Gómez Urrutia no le formuló nunca tal petición a él, y pasó problemas también para asegurar que no había acusado a los mineros de Cananea de robar y dañar las instalaciones, pese a que en su intervención inicial responsabilizó a la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero de no haber posibilitado el diálogo y sostuvo que en marzo del 2009 la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, durante una visita de inspección, pudo identificar el grado de vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado en sus instalaciones.

El senador Torres pidió también explicaciones a Lozano Alarcón de por qué en el boletín de la dependencia a su cargo donde da cuenta de la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo –por la que se niega amparo al sindicato minero y se confirma la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar la terminación de relaciones laborales– se consignan datos que ni siquiera conocen las partes, ya que la sentencia aún no se notifica.

El perredista Francisco Garibay dijo a Lozano y Gómez Mont que el gobierno protege a la empresa. Les advirtió que en Cananea se inició la Revolución Mexicana y que cuando el diálogo se rompe lo que sigue son los chingadazos.

Los panistas Federico Döring y Javier Castelo salieron en defensa del funcionario, diciendo que no se puede ceder a los chantajes de Gómez Urrutia. El primero calificó de ominoso que Monreal y Torres preguntaran a los funcionarios por la petición de que se revoque la concesión a Grupo México.

Ante la insistencia de los legisladores en por qué no se buscó la conciliación, Gómez Mont expuso que sin menoscabo de la aplicación de la ley, hay espacios para la política y que la dependencia a su cargo continuará favoreciendo los acuerdos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad.

Hasta las guerras terminan con tratados, resaltó el senador Núñez al final de la comparecencia, cerca de la medianoche.

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Cananea y la cruzada antilaboral

Cananea y la cruzada antilaboral

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/13/index.php?section=edito


La resolución adoptada el pasado jueves por el segundo tribunal colegiado en materia laboral del Distrito Federal, con la que se dan por concluidas las relaciones de trabajo entre Mexicana de Cananea –propiedad de Grupo México– y los más de mil agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que laboraban en ese yacimiento, es una medida que socava la vigencia del estado de derecho en el país, exhibe el nivel de desprotección en que se encuentran los trabajadores ante la connivencia de los intereses empresariales y las autoridades, agota las vías de expresión institucional para ese gremio y cancela las perspectivas de una posible negociación para dar solución al conflicto.

El fallo referido da continuidad a la campaña de hostigamiento judicial, represión, criminalización e injerencias emprendida por la pasada administración federal y continuada por la presente contra la organización sindical. Debe recordarse que el conflicto que se desarrolla en Cananea desde el 30 de julio de 2007 –fecha en que diversas secciones del sindicato minero colocaron las banderas rojinegras en yacimientos de Guerrero, Sonora y Zacatecas– es consecuencia de la precariedad lacerante que padecen los trabajadores de ese sector, la cual se expresó, de manera particularmente cruda, con el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros resultaron muertos.

En ese entonces, en vez de darse a la tarea de dar solución a las indignantes condiciones de trabajo de los mineros y exigir a los empresarios que cumplieran con la normatividad pertinente de seguridad, las autoridades federales emprendieron una campaña contra el sindicato minero, cuya primer manifestación fue el desconocimiento del máximo dirigente del gremio, Napoléon Gómez Urrutia ya que el líder señaló la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos y logró, con ello, que el gobierno foxista, con el cual mantenía hasta entonces buenas relaciones, iniciara una campaña de acoso judicial en su contra y pretendiera incluso, en una muestra de injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, imponer una dirigencia espuria por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante los más de 30 meses que ha durado la huelga en Cananea, la postura de las autoridades ha sido abiertamente favorable a la empresa y contraria al sindicato, como lo demuestran los cinco laudos y las tres declaraciones de inexistencia de huelga dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, con el fallo del tribunal colegiado, el órgano jurisdiccional exhibe un alineamiento vergonzoso a los designios del gobierno federal y, en última instancia, a los intereses de la empresa propiedad de Germán Larrea.

Un elemento que no puede escapar al análisis es que esta determinación, junto con la ofensiva que el gobierno federal ha emprendido contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, permiten ponderar la orientación y el calado de la contrarreforma laboral en ciernes, la cual, a decir del titular de la STPS, Javier Lozano, será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. No hace falta mucha perspicacia para suponer que la iniciativa calderonista no buscará el beneficio de los trabajadores del país, al contrario, estará dirigida a profundizar las condiciones de precariedad laboral que éstos padecen, a velar exclusivamente por los intereses empresariales y a permitir injerencias sistemáticas en la vida interna de los sindicatos.

En suma, en el conflicto minero de Cananea, al igual que ocurre con la embestida oficial contra el SME, está en juego no sólo el respeto de los derechos laborales de los involucrados, también la vigencia de una legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, lo más grave, por las autoridades encargadas de hacerla cumplir, y buena parte de las definiciones en torno a la política laboral en el país.