Segunda
parte del reportaje original publicado en Proceso No. 1857.
La
CFC y el “Problema de Estado”
“Televisa se ha convertido en un problema de
Estado. Su poder ha vuelto a ser tan incómodo para los distintos niveles de
gobierno como ocurrió durante la época de Emilio Azcárraga Milmo”, reflexionó
Jorge Alvarez Hoth, ex subsecretario de Comunicaciones durante el sexenio
pasado. Foto: ITU / Jean-Marc Ferré
Por lo pronto, el balón está en la
cancha de la Comisión Federal de Competencia, el organismo que el 24 de enero
pasado resolvió en una sesión privada rechazar por 3 votos contra 2 la fusión
de Grupo Televisa y Grupo Iusacell, por considerar que se creaban incentivos
para acrecentar las prácticas monopólicas de las dos grandes compañías
televisivas.
Al día siguiente que se diera a conocer
oficialmente la resolución de la CFC (1 de febrero), las acciones de Grupo
Televisa disminuyeron en 3.25 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores y 2.30
en Estados Unidos, para acumular una pérdida de 12 por ciento hasta esa fecha
del 2012.
Grupo Televisa y Iusacell
interpusieron un recurso de reconsideración para que la CFC modifique su
decisión. El organismo tiene como fecha límite, a más tardar el 15 de junio
para dar a conocer su decisión final. Todo parece indicar que será entre el 4 y
el 11 de junio la discusión en el pleno.
Hasta ahora, informes internos de la
CFC indican que los tres comisionados que votaron en contra de la fusión se
mantienen en su voto: Eduardo Pérez Motta, presidente, Rodrigo Morales Elcoro y
Miguel Flores Bernés.
Informes internos del organismo
revelan que las discusiones con los representantes de Grupo Televisa,
encabezados por su vicepresidente Alfonso de Angoitia, han sido álgidas. La
empresa no está dispuesta a ceder la propiedad de ninguno de los cuatro canales
que detenta (tres de cobertura nacional), ni tampoco a estrictas
regulaciones en el mercado de contenidos en señal restringida.
La decisión es clave para Grupo
Televisa porque los 1,600 millones de dólares ya están invertidos en Grupo
Iusacell. La empresa de Ricardo Salinas Pliego se ha negado a concretar una
tercera posibilidad: vender el 100 por ciento de la compañía y así evitar que
existan incentivos para que las dos televisoras se alíen en materia de
contenidos. En Televisa saben que difícilmente Salinas Pliego estaría dispuesto
a devolver nada de los 1,600 millones de dólares invertidos en una operación
que se anunció en abril de 2011.
Fuentes internas de la Comisión
Federal de Competencia indicaron a Proceso que la decisión final aún no es clara. En todo caso,
le correspondería a Grupo Televisa establecer un compromiso para eliminar la
alta concentración que mantiene en materia de producción, distribución y
comercialización de sus contenidos audiovisuales.
“Televisa se ha convertido en un
problema de Estado. Su poder ha vuelto a ser tan incómodo para los distintos
niveles de gobierno como ocurrió durante la época de Emilio Azcárraga Milmo”,
reflexionó Jorge Alvarez Hoth, ex subsecretario de Comunicaciones durante el
sexenio pasado, en charla con Proceso.
Alvarez Hoth, quien trabajó para
Grupo Televisa como impulsor de la empresa Sky, la segunda más importante del
consorcio, pronosticó que al interior del corporativo tendrán que hacerse
ajustes muy importantes para aminorar la fuerte carga política de su influencia.
Desde antes que se diera a conocer el
resultado de la primera votación de la CFC, Alvarez Hoth advirtió que el mayor
riesgo de aprobar una fusión entre Televisa y Iusacell era la creación de un
“monopolio de la opinión pública”, ya que ambos corporativos controlan los
principales espacios informativos, de análisis y de opinión en la televisión
abierta, la televisión restringida, la prensa y los noticiarios radiofónicos.
Por su parte, la Asociación Mexicana
de Derecho a la Información (AMEDI) hizo pública una carta a los cinco
comisionados de la Comisión Federal de Competencia (CFC)
para expresar su desacuerdo a la autorización de la fusión Televisa-Iusacell.
“Nada ha cambiado en el control del
mercado ni en la presencia pública de Televisa y TV Azteca. Al contrario,
durante las semanas recientes la sociedad mexicana ha conocido nuevos
desplantes de autoritarismo y manipulación de las televisoras”, afirmó la
AMEDI.
“Sin duda hay presiones fuertes para
modificar la decisión de la CFC. El duopolio televisivo acostumbra respaldar
sus labores de cabildeo con insolentes chantajes en contra de los funcionarios
públicos que no complacen sus exigencias. Frente a tales amagos, tendrían que
prevalecer las convicciones en la urgencia de enfrentar a los monopolios y para
favorecer un mercado capaz de servir y no expoliar a la sociedad mexicana”,
advirtió el organismo dirigido por Aleida Calleja.
La AMEDI exhortó a la CFC a mantener
su rechazo a la fusión Iusacell-Televisa, expresado el 24 de enero de 2012,
cuando tres de los cinco comisionados se opusieron.
“Sin ser autorizada la concentración,
Televisa y TV Azteca ya se coludieron para incrementar las tarifas
publicitarias, para negar los espacios publicitarios a competidores de
televisión restringida, para repartirse las transmisiones deportivas, para
compartir entre sí a conductores y artistas y para no transmitir en cadena
nacional el primer debate a la presidencia de la República”, reiteró el
organismo.
“La decisión acerca de la fusión
Televisa-TV Azteca en el negocio de la telefonía celular ocurrirá en una
coyuntura especialmente sensible. No sólo estamos a cuatro semanas de que
terminen las campañas electorales. Además, la preocupación por la escasez de
opciones en la televisión y las costumbres acaparadoras que controlan ese medio
inquieta hoy a importantes grupos de ciudadanos”, remató el comunicado de
AMEDI.
Cofetel,
Subordinada a Los Pinos
El proyecto de licitar dos nuevas
cadenas de televisión abierta en tecnología digital, así como acelerar el
proceso de transición de la televisión analógica a la digital se mandó a la
“congeladora” de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, desde el 25 de
enero pasado.
Mony de Swaan, presidente del
organismo colegiado y principal impulsor de ambos proyectos, quedó sólo frente
a la posición de los otros cuatro comisionados: Gonzalo Martínez Pous, Alexis
Milo, Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera.
De los cuatro, sólo este último ha
mantenido desde siempre una oposición a la licitación de nuevas cadenas de
televisión abierta, argumentando que es mejor utilizar ese espectro para
telecomunicaciones y fortalecer a los medios públicos agrupados en el Organismo
Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), entidad creada por el gobierno de
Felipe Calderón.
En los otros casos, todo parece
indicar que se trata de una “línea” marcada desde Los Pinos, tal como se deja
entrever en la versión estenográfica de la sesión de Cofetel, celebrada el 25
de enero, y cuya copia obtuvo Proceso.
Durante esa sesión, Martínez Pous,
Milo y Gil Elorduy coincidieron en posponer la decisión sobre las nuevas
licitaciones y acortar las fechas del “apagón analógico”.
Martínez Pous mencionó que un día
antes de la sesión hubo una reunión en la Conserjería Jurídica de Los Pinos.
Después de ese encuentro, él decidió que no “está completamente resuelto” el
asunto de las nuevas licitaciones ni el cambio de fecha del llamado “apagón
analógico”.
Sobre esa reunión, Martínez Pous
expresó:
“Lo de la Conserjería Jurídica ayer
no está resuelto. Ayer fue una junta inicial, donde finalmente tomamos algunos
acuerdos preliminares y ellos iban a trabajar, para finalmente, tomar junto con
la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) y con nosotros una posición congruente
y ver si se puede llevar a cabo o no”.
En el debate, Mony de Swaan insistió
que no existe “impedimento técnico alguno para licitar nuevos canales de
televisión. Hoy estamos presentando el programa de licitaciones con los cambios
realizados”.
Martínez Pous le recordó a De Swaan
que en una reunión anterior “acordamos ciertas circunstancias respecto al timming (sic), para poder eventualmente votar este
proyecto. Cuando haya el mismo caso que estemos de acuerdo en subirlo, pues lo
subimos y lo votamos, más allá de que se lleven a cabo las observaciones”.
Finalmente, cuatro de los cinco
comisionados de Cofetel decidieron en esa sesión del pleno aplazar la decisión
de licitar nuevos canales de televisión.
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